Otro recordatorio de que aún nos falta mucho como país para dar cuenta de los errores y abusos cometidos por la Fuerza Pública y el Estado en el marco del conflicto armado, llegó cortesía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó este martes a Colombia por los abusos que se cometieron durante las operaciones militares con las que se buscó recuperar el control de la Comuna 13 en Medellín en el año 2002. Para pasar la página de la violencia en el país, es fundamental que seamos capaces de reconocer también las fallas cometidas por los representantes de las instituciones nacionales.

El caso, que permitió el fallo número 17 del Sistema Interamericano sobre Colombia, continúa con el patrón de las disputas que llegan a instancias internacionales: un grupo de víctimas reclaman que el Estado no hizo lo suficiente para protegerlas y que, de hecho, vulneró sus derechos, y éste se defiende argumentando que esos hechos han sido investigados dentro de la jurisdicción colombiana. Si bien hay, en efecto, algunos avances en las investigaciones, ¿podemos de verdad decir que la justicia nacional les ha cumplido a las víctimas involucradas en hechos con agentes estatales?

La CIDH considera que no y, por lo menos en lo ocurrido con la Comuna 13, su posición está más que justificada. La Corte falló cinco casos de mujeres defensoras de derechos humanos que fueron detenidas ilegalmente, desplazadas y una de ellas asesinada, dentro de un contexto en el que el Estado intentaba retomar el control de zonas en Medellín.

Puntualmente se trata de cuatro operaciones militares: Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión; las dos primeras planeadas durante el mandato de Andrés Pastrana, las dos últimas durante el de Álvaro Uribe, y todas durante la alcaldía de Luis Pérez, actual gobernador de Antioquia. El objetivo era intervenir en un conflicto concentrado en 19 barrios donde las milicias urbanas del Eln y de las Farc se disputaban el control territorial con el bloque Cacique Nutibara de las Auc.

Aunque en aquel entonces las operaciones fueron presentadas como un gran éxito militar, los expertos han argumentado que el debilitamiento de los ilícitos no fue suficiente y que las Fuerzas Armadas, aprovechando el estado de conmoción interior decretado por el gobierno Uribe, cometieron abusos que ahora son el motivo de la sentencia de la CIDH.

El principal problema es que en medio del fuego cruzado y de la ausencia de poder, los civiles que vivían en la Comuna y que querían apostar por la construcción de institucionalidad fueron perseguidos y maltratados. En 2002, según la Unidad de Víctimas, el desplazamiento forzado desde la Comuna 13 vivió su pico más alto desde 1982: 4.196 desterrados.

Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María del Socorro Mosquera Londoño y Ana Teresa Yarce, líderes comunitarias de los casos estudiados por la CIDH, fueron “privadas arbitrariamente de su libertad, obligadas a desplazarse y, tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004”, argumenta el tribunal. Myriam Eugenia Rúa Figueroa y Luz Dary Ospina Bastidas, los otros dos casos, “fueron amenazadas, hostigadas, sufrieron allanamientos y ocupación de sus viviendas y, consecuentemente, fueron obligadas a desplazarse”.

Falla el Estado cuando en su intento por recuperar el control no es capaz de darles seguridad a los ciudadanos, ni de crear las condiciones necesarias para que florezcan la democracia y la construcción de comunidades. Ahora que se habla de posconflicto, ojalá los procesos de construcción de verdad arrojen luces, no solamente sobre los atropellos de la guerrilla, sino de los momentos en que el país les falló a sus ciudadanos.

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Tomado de:El Espectador.com