El 26 de marzo de 2018, hace un año, fueron secuestrados los ecuatorianos Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

Ellos integraban un equipo periodístico que había viajado desde Quito a la provincia de Esmeraldas, en medio de una investigación para el diario ‘El Comercio’ sobre la situación de orden público en la frontera alterada por ataques del frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las Farc.

Tomado de: El Tiempo.

Añade el Ministerio que el objetivo de las autoridades colombianas siempre fue facilitar la comunicación entre el gobierno de Ecuador o sus delegados para lograr la liberación del equipo de periodistas y que para ello “se dejaron algunos sectores desprovistos de presencia militar, de forma que contribuyeran a la adecuación de corredores humanitarios”.
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Señala el ministerio de la Defensa que si bien “se advertía sobre la presencia de los secuestrados sobre el sector sur del municipio de Tumaco (área de frontera) las operaciones militares no tuvieron como misión afectar objetivos de valor de la estructura de ‘Óliver Sinisterra’ para evitar eventuales retaliaciones contra los secuestrados”. E insiste que no buscaron la liberación militar de los secuestrados.

En la respuesta se enfatiza que “en relación con una supuesta liberación de los ciudadanos ecuatorianos (…) la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y sus unidades tácticas subalternas informan que no obran registros de una liberación”.

En su momento, este diario dio cuenta de ese proceso de liberación con información de una alta fuente.

‘Rehenes’

Las dudas de los familiares están sustentadas, entre otras razones, en la publicación del libro ‘Rehenes’, redactado por los periodistas ecuatorianos Arturo Torres y María Belén Arroyo.

En el libro de 280 páginas describen la situación en la frontera, y se centran en la investigación que realizaron sobre los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los tres comunicadores.

El libro señala -con base en información de las autoridades de los dos países- que ‘Guacho’ ordenó el secuestro de Ortega Rivas y Segarra para presionar la liberación de Patrocio Cortés, ‘Cuco’; Diego Tobón y James Cuajiboy, sus hombres de confianza, quienes habían sido capturados en Mataje (Ecuador) el 12 de enero del 2018.

Uno de los episodios, registrado en los expedientes ecuatorianos, es el papel del mayor de la Policía Alejandro Zaldumbide Navia, quien prestaba sus servicios en San Lorenzo, y quien al siguiente día de la captura de sus hombres fue contactado por ‘Guacho’ a través de WhatsApp tratando de negociar su liberación; contacto que se utilizó en gran parte del secuestro de los periodistas de El Comercio.

En ‘Rehenes’ se señala que el 28 de marzo, dos días después del plagio, ‘Guacho’ iba a liberar supuestamente al equipo, pero que por actividades operacionales de la Fuerza Pública se entorpeció el proceso.

“El exministro Navas (César Navas, ministro del Interior) nos confirmó que sí recibieron datos fidedignos sobre el fin del cautiverio. Por ese motivo, el Gobierno (…) movilizó helicópteros y coordinó el desplazamiento del fiscal Christian Rivadeneira a San Lorenzo para recibirlos”, se lee en el libro.

Navas, reconoce que no sabe por qué no se concretó la liberación, “solo nos dijeron que de un momento a otro los habían movido de la zona”.
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De acuerdo con la investigación adelantada ‘Guacho’ ordenó el asesinato de los tres hombres el 7 de abril, y trato de seguir chantajeando al Gobierno ecuatoriano con la entrega de los cuerpos.