Antes de que la guerrilla del ELN se sentara a negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, las partes firmaron un protocolo sobre el procedimiento a seguir en caso de la ruptura de los diálogos de paz. Ese documento fue firmado en febrero de 2015 por los jefes negociadores de las partes, en ese entonces: Antonio García por el ELN y Frank Pearl por el gobierno.

En el segundo punto del documento, que permaneció en secreto hasta este lunes, se garantiza que las partes contarán con 15 días a partir del anuncio del quiebre para «planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN». Allí se establece que el procedimiento de retorno quedaría acordado con los países garantes, así como los delegados del gobierno y de la guerrilla.

Por escrito quedaron detalles específicos de cómo sería ese procedimiento. Por ejemplo, en caso de ser necesarias inserciones en territorio colombiano del ELN, las operaciones militares deberán cesar por un término de 72 horas, en unas áreas que se pueden definir entre las partes. Agrega que las coordenadas de dicha área deben ser entregadas a los países garantes y al gobierno colombiano 48 horas antes de que se desplieguen las operaciones. Esas coordenadas las debería llevar uno de los miembros del ELN que sería trasladado. También se dispone que los helicópteros estén en tierra solo durante una hora después del aterrizaje y desembarco de la delegación.

En el documento también quedó previsto uno de los puntos que generan más desconfianza: cómo se realizaría esa operación en caso de que se incluya una mediación o tránsito por Venezuela. En ese caso, se contará con el acompañamiento de representantes de ese gobierno y de al menos otros dos países garantes hasta el aeropuerto que se defina en ese país. En ese territorio, el ELN «se trasladará bajo la responsabilidad del gobierno de ese país». El gobierno colombiano, por su parte, «solicitará a quien corresponda las autorizaciones y apoyos necesarios y otorgará las que se necesiten para todas las operaciones de retorno de la delegación”.

Este lunes el gobierno del presidente Iván Duque, a través de su comisionado de paz, Miguel Ceballos, informó que desconocería este protocolo con el argumento de que no había sido suscrito por la actual administración: “no hay protocolo que ampare el terrorismo”, dijo en una conferencia de prensa a la que compareció con el canciller Carlos Holmes Trujillo.

La decisión no dejó de ser polémica. No solo porque podría considerarse como el incumplimiento de la palabra empeñada por el Estado colombiano, sino porque no existen antecedentes de que un gobierno haya desconocido este tipo de protocolos en el caso del rompimiento de las negociaciones de paz. En diálogo con SEMANA, Pearl aseguró que aunque respeta la posición del presidente Duque de levantar la mesa pues era «lo que había que hacer… Otra cosa son los protocolos. Los protocolos hay que respetarlos».

El ex jefe negociador recordó que en «todos los procesos de paz (el proceso de Tlaxcala en México, el del Caguán y en el proceso que hubo con el ELN en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en Cuba) se definieron unos protocolos en caso de ruptura» y que en ningún caso esos protocolos han estado condicionados a la gravedad de los hechos por los cuales se termina la negociación. «De lo contrario sería imposible sentarse cara a cara con un enemigo a negociar», dijo.

Escuche a Frank Pearl explicar el alcance de los protocolos firmados con el ELN

El pasado viernes, después del atentado terrorista que cobró la vida de 20 cadetes de la Policía y que se le atribuyó al ELN (y que esa organización reivindicó en un comunicado conocido este lunes), el presidente Duque, en una alocución televisada, dio por suspendida la Mesa de negociaciones que había heredado del Gobierno Santos, a la vez que ordenó que se levantara la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros de la comisión negociadora del ELN, y pidió al gobierno de Cuba proceder a la captura de los jefes de esa guerrilla.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó que su gobierno actuaría “en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación”.

No es la primera que unas negociaciones de paz se ven suspendidas. Pero en los antecedentes que precedieron al actual proceso de paz con el ELN el gobierno colombiano siempre dio cumplimiento a los protocolos firmados en caso de la suspensión de las negociaciones, incluida la que esta guerilla adelantó con el gobierno de Álvaro Uribe.

Tlaxlaca, 1992

El primer antecedente es el de los diálogos de paz en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) que adelantó el gobierno de César Gaviria, entre 1991 y 1992, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Farc, ELN, EPL). Esas negociaciones se suspendieron tras el secuestro y muerte en cautiverio del exministro Argelino Durán (4 de mayo de 1992) a manos del EPL. Los comandantes de la Coordinadora Guerrillera fueron devueltos a Colombia en compañía de garantes internacionales y funcionarios del gobierno colombiano en junio de 1992.

San Vicente del Caguán, 2002

Otro antecedente similar fue el frustrado proceso de paz del Caguán entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana, que se adelantó entre 1998 y 2002. Tras el secuestro del avión de Aires, en el que viajaba el senador Jorge Eduardo Géchem Turbay (20 de febrero de 2002), Pastrana anunció la terminación de la zona de despeje de San Vicente del Caguán y el fin de las negociaciones de paz.

Caracas, 2007

Los protocolos también se aplicaron durante la negociación que el gobierno de Álvaro Uribe adelantó con el ELN entre 2005 y 2007, primero en La Habana y posteriormente en Caracas. En noviembre del 2017, Uribe suspendió la autorización que le había otorgado al presidente Hugo Chávez y a la entonces senadora Piedad Córdoba para mediar en la liberación de los secuestrados de las Farc, en ese momento también se puso punto final a la posibilidad de reactivar el proceso de diálogo con el ELN. Tras esta decisión, los jefes de esta guerrilla regresaron a Colombia tras un protocolo previamente acordado entre las partes.

La decisión de Duque

Ahora la situación es diferente porque el gobierno de Iván Duque, según el alto comisionado de paz, nunca adelantó negociaciones con el ELN y no firmó el protocolo establecido entre las partes ante la eventualidad de la ruptura de las negociaciones, el cual fue acordado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Esta declaración fue controvertida por la hoy congresista Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del anterior gobierno con las Farc. La representante de la Alianza Verde señaló que la actual administración sí había retomado el diálogo con el ELN.

Para sustentar su afirmación mencionó que entre agosto y septiembre del año pasado hubo por lo menos 7 conversaciones telefónicas entre el comisionado de paz Miguel Ceballos y representantes del ELN, luego de las cuales se iba a producir un encuentro en Oslo (Noruega) con el objetivo de construir una nueva agenda. El gobierno exigió la liberación de los policías secuestrados, la cual se produjo, sin embargo no hubo tal encuentro aunque el gobierno de Noruega ya lo tenía preparado.

Goebertus también señala que Ceballos se reunió por lo menos en 5 ocasiones en su despacho con Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, gestores de paz del ELN. Y sobre el rol de garante de Cuba en este proceso de paz, la congresista advierte que el comisionado de paz tuvo comunicación constante con los cubanos en Bogotá.

Otro de los argumentos del Gobierno Duque para respaldar la tesis de desconocer los protocolos en caso de ruptura de los diálogos, es que la Corte Constitucional en la sentencia del Plebiscito aseguró que las negociaciones de paz son «políticas públicas y no de Estado», razón por la cual los diálogos iniciados por la administración de Santos no obligan al actual gobierno. «Para aquellos que quieren justificar (con el protocolo) que no estén en Colombia, no tienen idea de su contenido. Los protocolos están destinados a procedimientos logísticos una vez se rompieran estos diálogos, que jamás reactivamos, que jamás continuamos. Esos protocolos no fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”, enfatizó Ceballos.

La representante Juanita Goebertus controvierte esta tesis al señalar que la mencionada sentencia, que estudió la constitucionalidad del Plebiscito, no hace esa mención, y por el contrario, la sentencia sobre el Acto Legislativo 02 de 2017, el que le dio estabilidad jurídica al acuerdo de paz con las Farc, señaló que estas son políticas de Estado y no de determinado gobierno.

Otro de los argumentos acogidos por el Gobierno Duque se concentra en el comunicado firmado por el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, José Singer Weisinger, en donde califica el carro bomba en la Escuela General Santander como un «ataque terrorista». Bajo esta sombrilla, el Gobierno afirma que «no hay protocolo que pueda estar por encima de una calificación de este tipo».

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia; los no permanentes Alemania, Bélgica y Costa de Marfil. Los delegados de estos países aseguran que «el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional».

Por ello instaron a que sean llevados ante la justicia «a los perpetradores, organizadores, financieros y patrocinadores de estos actos reprensibles de terrorismo». Además a que todos los Estados actúen de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, con el fin de que cooperen activamente con el gobierno de Colombia y todas las demás autoridades relevantes al respecto.

Al hacer Cuba parte de las Naciones Unidas, el gobierno colombiano asegura que no pueden ampararse en el protocolo en cuestión para no entregar a la Justicia a los miembros del ELN que se encuentran en su territorio. «Nosotros, como Gobierno obediente de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, no podemos permitir que se aplique un protocolo para que estos señores se internen en las selvas», enfatizó el alto comisionado para la paz.

Para Goebertus, el Consejo de Seguridad de la ONU no criticó los protocolos, ni siquiera se refirió a ellos. “Lo que la ONU dijo es que rechaza el atentado terrorista y que reitera el deber de los Estados de llevar ante la justicia a los responsables”.

Por eso señaló que los representantes del ELN deberán ser procesados por el carrobomba activado en la Escuela General Santander y por otros delitos por los que ya han sido condenados por la justicia colombiana. “La ONU, que se ha dedicado a mediar en proceso de paz, sabe mejor que nadie que sin este tipo de mecanismos de retorno, nadie nunca iría a un proceso de negociación”, explicó  Goebertus.

Para el senador Iván Cepeda (Polo), miembro de la comisión segunda que se ocupa de las relaciones internacionales, la posición del gobierno de Iván Duque está generando un conflicto diplomático al desconocer la aplicación del protocolo. para el congresista es una burla a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano. “Me avergüenza la posición del gobierno del presidente Duque quien ha elegido la manera para corresponder el gran esfuerzo que ha hecho Cuba, durante varios gobiernos en Colombia, para ayudar a la paz prestando generosamente su territorio”. También se ha señalado que si el gobierno quería desconocer esos protocolos debía haberlo hecho en los primeros meses de gobierno.

El gobierno colombiano  fue enfático en que no solamente adelantarán las comunicaciones con Cuba para que entregue a los integrantes de esta guerrilla sino que activarán tratado de extradición que está vigente con el fin de que estas personas lleguen al país de manera «rápida y efectiva». No hay antecedentes de que un gobierno colombiano no aplique los protocolos en caso de la ruptura de negociaciones de paz. Ni en el de la mano dura de Álvaro Uribe, aunque en esa época no hubo un atentado como el que se perpetró contra la Escuela General Santander.