Ayer se cumplió un año del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en una fatal visita al consulado de su país en Estambul. Los detalles de su muerte son escabrosos y truculentos. Once saudíes han sido acusados de su muerte y están pendientes de un juicio opaco y lento en su país. El príncipe Mohamed bin Salman ha sido acusado en la prensa de conocer la operación para liquidar a Khashoggi. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos dan por válidas las sospechas del conocimiento que el príncipe tenía sobre el asesinato del periodista, que escribía regularmente en The Washington Post y que pedía la apertura y modernización de un régimen autoritario.

Khashoggi no era un revolucionario contra el autoritarismo de la familia real sino un reformista que pedía una liberalización del sistema para suavizar los excesos del poder y la limitación de las libertades de los hombres y mujeres de Arabia. Conocía muy bien el régimen y sabía que tenía que abandonar el país para poder criticarlo. Lo cazaron en Estambul. Sus restos no están localizados.

Retroceder en las libertades es un paso atrás en la convivencia y en el progreso de cualquier pueblo

El juicio contra su asesinato está rodeado de misterio y opacidad. El príncipe Mohamed bin Salman ha condenado la muerte del periodista, que criticaba con dureza la guerra contra Yemen y la política autoritaria de muchos estados que protagonizaron la frustrada primavera árabe del 2011.

El príncipe ha sido amparado por Donald Trump, que lo ha situado en muchos foros internacionales como si fuera un dirigente aliado. La prensa en los países árabes y en el Golfo no pasa por buenos momentos. En Arabia Saudí hay 30 periodistas encarcelados y el periodismo está siendo acosado desde la política local y la regional.

No es nuevo en sociedades donde la libertad de prensa no forma parte de sus prácticas políticas. La novedad es la posición del presidente de Estados Unidos, que ha tuiteado en más de una ocasión que los periodistas norteamericanos son “enemigos del pueblo”. Donald Trump es el que ha sembrado la confusión con las fake news, que, aunque sean falsas, son presentadas como verdaderas y así las perciben amplios sectores de la opinión pública.

El barómetro de Reporteros sin Fronteras indica que en lo que va de 2019 han sido asesinados 38 periodistas y otros 375 están encarcelados. Lo más inquietante es que la idea de que el ejercicio del periodismo es un peligro para las sociedades democráticas vaya extendiéndose en países con gobiernos populistas.

Los periodistas nos equivocamos y no tenemos todos los elementos que configuran la realidad. Pero querer expulsarlos porque no gustan a un grupo grande o pequeño es un atentado contra la libertad. Las imágenes de la periodista de Telecinco intimidada mientras informaba sobre la conmemoración del ­aniversario del primero de octubre son un mal indicio.

Retroceder en las libertades periodísticas es un paso atrás en la convivencia y el progreso de cualquier pueblo.