15 Ago El Comité para la Protección de los Periodistas se pronuncia a favor de dos comunicadoras de Nicaragua y Colombia
15 agosto 2020 –
Por: Voz de América – Estados Unidos –
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) pidió el martes al gobierno de Nicaragua que retire los cargos contra la periodista Kalúa Salazar y calificó de “tardía” una resolución judicial a favor de la periodista Claudia Julieta Duque en Cundinamarca, Colombia.
En el primer caso el CPJ exigió que “las autoridades nicaragüenses deben retirar los cargos de difamación penal contra la periodista Kalúa Salazar”, así como garantizar que los medios de comunicación puedan informar libremente.
“Existe una situación de intimidación contra los trabajadores de La Costeñísima que ha ido en aumento. Ellos [el gobierno] me acusan de promover el discurso de odio en las noticias”, dijo Salazar al CPJ el jueves.
Salazar, editora en jefe de la radio y telemisora La Costeñísima, en Bluefields, en la Costa Caribe nicaragüense, fue acusada por la alcaldía del municipio de El Rama de “difamación penal”, en respuesta a un reportaje radial que data del 4 de agosto pasado sobre un presunto acto de corrupción.
La audiencia, prevista para este viernes fue pospuesta para el miércoles 19, según dijeron fuentes de la defensa a Radio Bluefields Stereo.
“Los funcionarios públicos no deben abusar de las leyes de difamación criminal para evitar la rendición de cuentas e intimidar a los periodistas. Tales leyes no deberían estar en los libros en primer lugar ”, dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de América Central y del Sur del CPJ, en Nueva York.
En un segundo comunicado, la organización defensora de los periodistas señalo que, aunque necesaria, “la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es una admisión necesaria y tardía de la complicidad del Estado colombiano en el acoso a la periodista Claudia Julieta Duque”.
Según recogió el CPJ el tribunal dictaminó que entidades gubernamentales, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y el hoy disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), “eran responsables de delitos como el espionaje ilícito, las amenazas, la tortura psicológica y la falta de atención a las amenazas contra Duque y su hija”, datos recogidos de la sentencia a la cual el CPJ tuvo acceso.
Desde inicios del año 2000, como lo denunció periódicamente el CPJ, Claudia Duque fue víctima de acoso y recibió amenazas de muerte de manera anónima, tras investigar el asesinato, ocurrido en 1999, del periodista Jaime Garzón, asesinado en Bogotá el 13 de agosto de 1999.