Algunos informadores, voceros de los gremios e influenciadores se han pronunciado haciendo referencia a la crisis del periodismo, el déficit de formación de los programas de comunicación, el atropello laboral de los poderosos y el impacto de las TIC en la industria de medios, entre otros.

Se trata de un cuadro que se repite en la región. En junio de 2019, por ejemplo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Argentina (SiPreBA), anunció que “solo en 2018 y lo que va de 2019 el gremio de prensa perdió 1.278 puestos de trabajo”. Desde 2016 se han perdido 3.127 plazas.

Los datos evidencian, entonces, que el mal momento por el que pasa el trabajo decente en los medios no es un fenómeno social de fabricación casera. Con todo, vale la pena revisar las cifras de la situación en el país, para poder explorar otras explicaciones del fenómeno.

Las cifras de la formación

Para el campo de los contenidos, la comunicación y los medios, entre 2001 y 2017 Colombia gaduó 66.674 personas en sus programas académicos, como se detalla en la siguiente tabla:r

Estos graduados también se desempeñan laboralmente en varios campos, como la comunicación organizacional, la gestión y los proyectos de desarrollo, entre otros.

Puesta en un contexto más amplio, la información de la tabla deja en evidencia el crecimiento exponencial del número de graduación para el campo de la comunicación, a nivel de pre y posgrado, como se observa en la gráfica que se muestra a continuación:

Se puede advertir que durante el primer quinquenio del siglo XXI la formación de profesionales en las áreas de comunicación, periodismo y afines en Colombia no superaba la cifra de 2.000 profesionales graduados por año (1.744). Para 2010, en cambio, hubo 3.158 graduados. Y en 2015, 4.432 profesionales. Los datos de 2017 muestran que el número de graduados llegó a 5.233.

La mayoría de graduados correspondió a la formación universitaria, con 53.040. Los egresados de otro tipo de programas, como técnicos o posgraduales, llegaron a 13.634 estudiantes.

Esos graduados recibieron sus titulaciones en los 405 programas relacionados con el campo de la comunicación que tienen registro activo, según los datos divulgados por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) que se muestran en la siguiente tabla:

De esos programas académicos, en la actualidad hay 129 de comunicación, periodismo y afines con registro vigente, además de otros que fácilmente pueden ocupar el nicho ocupacional de la actividad periodística e informativa. Alrededor de 60 de estos pertenecen a instituciones agremiadas en la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios en Comunicación (Afacom).

La precariedad laboral

No se puede dejar de establecer una relación entre la evidente sobreoferta de los programas de formación y la situación laboral de los egresados.

Con ocasión del Día del Periodista de 2018, la revista Arcadia recogió datos sistematizados en 2013 por Felipe Ortegón, según los cuales “el 34 % de los periodistas tiene un salario mensual de entre 1.300.000 y 2.000.000 de pesos; el 31 % tiene un sueldo superior a los 2.000.000 de pesos, pero inferior a 4.500.000 pesos, y solo el 8 % gana más de 5.000.000 de pesos […] 27 % de los consultados se encuentra en el rango de 770.0000 a 1.200.000 pesos”.

Dado que la formación profesional no es un asunto de simple satisfacción interior sino un esfuerzo que hacen las personas con la expectativa de obtener una mayor tasa de retorno por la inversión que hacen en educación, es una responsabilidad del Estado crear las condiciones para que los graduados en programas afines con la comunicación puedan acceder en condiciones dignas al mundo del trabajo. Los planes de desarrollo, por ejemplo, podrían ocuparse de este asunto.

Aun así, se desconoce si los 405 programas afines con la comunicación que están activos en el SNIES se encuentran en disposición de atender las necesidades de innovación de la industria y el mercado, en relación con la apropiación y el uso de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.

¿Cuáles son esas innovaciones? La edición 568 (junio 2019) de la revista Dinero detalla varias: las tecnologías cognitivas, el blockchain, la migración a la nube, los datos en masa ylos Big Data, la realidad virtual, el internet de las cosas, los procesos de conectividad, la ciberseguridad y la colaboración en la integración de tecnologías.

Vale entonces formular abiertamente la pregunta: ¿qué tienen que decir los programas y procesos de formación en comunicación y afines en relación con estas demandas del entorno?

¿Cuál puede ser, en definitiva, el futuro laboral de los 66.664 profesionales de la comunicación que se graduaron entre 2001 y 2017, si además a ellos se añadirán99.878 estudiantes que a 2017 estaban matriculados en programas del campo de la comunicación y la publicidad, tal y como se ilustra la siguiente tabla?:

El panorama puede ser más oscuro si se considera que la tabla solo cuantifica a los matriculados en 201 programas de comunicación, periodismo, publicidad y afines, pero Colombia cuenta con otros 204 de cine, televisión, diseño, comunicación digital, medios y afines, que incrementan en el mediano plazo la presión laboral sobre el campo de la información, el periodismo y la producción de contenidos.

Propuestas para desahogar el sector

¿Cómo mejorar el panorama laboral para esos 160.000 ciudadanos que desde 2001 se han formado o se están formando en el campo de la comunicación y los medios en Colombia? Nadie tiene una fórmula. Sin embargo, se pueden intentar algunas salidas.

Por ejemplo, el “Pacto por la transformación digital del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, que en materia de TIC apropió 20 billones de pesos para el próximo cuatrienio, podría ejecutar proyectos de inversión que comporten una solución laboral digna. Lo mismo vale para la Ley de modernización de las TIC, sancionada la semana pasada por el presidente Duque.

Si se toman algunas medidas adecuadas, los 160.000 trabajadores y estudiantes a los que nos hemos referido pueden dejar de verse como un problema de desaforada expansión de la matrícula en el sector, para, en cambio, entenderse como un verdadero ejército digital y comunicacional de reserva para poner en marcha las acciones que el país necesita para incrementar sus niveles de desarrollo en el campo de las TIC.

Se trata de salidas que también podrían contribuir a paliar la crisis que atraviesa la industria de la comunicación y los medios. Hagamos un recuento de esa situación.

El cuadro de la crisis

Según cifras de noviembre de 2018, en Colombia hay 1.578 emisoras (667 comerciales, 662 comunitarias y 285 de interés público). A diciembre de 2017 se contaban 537 prestatarios del servicio de televisión. Además, existen cerca de 2,2 millones de usuarios del dominio Co.

En Colombia se identifican alrededor de 80 periódicos, revistas y otros medios agremiados en la Asociación de Medios de Información (AMI). La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) agremia a 47 empresas con medios o negocios en el campo de la comunicación, y la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) vincula a 37 empresas que manejan sus marcas con la industria de la comunicación comercial.

Según cifras de Asomedios, para 2012 se estimaba que la torta publicitaria era de un valor de 4,2 billones de pesos. Para 2018 el cálculo habla de que se redujo a 1,8 billones de pesos. Se trata de un asunto grave, teniendo en cuenta que la industria de medios que genera empleo formal en Colombia se financia, entre otros, con los ingresos de la pauta publicitaria.

Hay más datos que preocupan. Según La República (mayo 23/18), en 2017 El Tiempo registró pérdidas por 6.412 millones de pesos, mientras que RCN Radio perdió 35.020 millones de pesos.

El informe de la revista Dinero (junio 28/19) sobre la situación de las empresas en Colombia muestra la caída en las utilidades netas de algunos medios. Así, consideradas en millones de pesos, las pérdidas fueron las siguientes: El Tiempo, 31.062; El Espectador, 14.463; El País, 5.930; El Heraldo, 1.074 y Vanguardia, 977. Los casos más alarmantes son los de RCN Televisión, con 233.759, y RCN Radio con 71.165.

Si se suman esas pérdidas, que corresponden a 2018, tenemosuna cifra que asciende a 358.430 millones de pesos. Se trata de un valor que contrasta fuertemente con las ventas que tuvieron en 2016 empresas de las nuevas economías como Uber, Netflix, Spotify y Apple, cuyo valor ascendió en Colombia a 1.250 millones de pesos, otro motivo para pensar en la necesidad de impulsar la generación de contenidos como alternativa de salida a la crisis del sector.

Otro dato para dar contexto a los números que sean expuesto: las pérdidas por 358.430 millones de pesos que sufrieron en 2018 las empresas mencionadas de la industria nacional de las comunicaciones y los medios equivalen a 2,4 veces los 148.000.000 millones de pesos que, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se gastaron por 40 entidades del Estado en publicidad oficial durante el último año y medio.

¿Hora de leyes para proteger el sector?

Menciono lo anterior, porque la contratación de publicidad oficial con los medios es una actividad lícita que no se debe “satanizar”, porque incluso se dispone en varias normas. Y lo traigo a colación, sobre todo porque este flujo legítimo de recursos públicos contribuye a garantizar el empleo en el sector y la estabilidad económica de los medios.

Por supuesto que me refiero a situaciones en las que no se va en contravía del pluralismo y la imparcialidad informativa. En Colombia es urgente restringir el margen de discrecionalidad con el que algunos gerentes públicos negocian con los medios el manejo de los contenidos haciendo que se confundan información y propaganda. Los medios deben ser protegidos frente a tales abusos.

Establecido el tamaño del mercado de medios en Colombia, la sobreabundancia en la graduación de profesionales de la comunicación, la reducción de la torta publicitaria y las pérdidas económicas sufridas por algunos medios, sería deseable superar también el déficit de argumentos para explicar y solucionar el retiro forzoso de los trabajadores del sector.

La situación, en resumen, amerita que se insista en la necesidad de que el Congreso y el Gobierno nacional tramiten una ley de protección de la industria nacional de los contenidos, las comunicaciones y los medios como instituciones que garantizan el pluralismo y la deliberación democrática.

Se trataría de un marco normativo que brinde alivios e incentivos financieros y tributarios para garantizar la sostenibilidad y el dinamismo en el sector.

En definitiva, es necesario hacer nuevos esfuerzos interpretativos para proteger con inteligencia el empleo nacional en el sector de las comunicaciones. Incluso se requiere la participación en el debate de aquellos a quienes les produce urticaria que el sector privado invierta y ejerza su legítimo derecho a hacer empresa de medios en Colombia.

No podemos seguir ignorando las cifras del diagnóstico. Eso solo contribuye a equivocarnos a la hora de buscar soluciones.